Los medios de comunicación nos informan (noticia1, noticia2, noticia3, noticia4) que el fenómeno de la economía sumergida, como consecuencia de la crisis está alcanzando cotas inimaginables. Actualmente, está en torno al 24,6% del PIB, cuando hace sólo unos años -en el 2008- se encontraba en el 17,8%, lo que supone un aumento del 40% desde el inicio de la crisis.

Los detectives privados conocemos bien este fenómeno. Somos expertos en economía sumergida ya que lo investigamos a diario. Si me lo permiten, añadiría que somos los mejores y seguramente los únicos capaces de solucionar este problema, a tenor de recientes sentencias y noticias publicadas en la prensa. Noticias, como la publicada hace poco, donde un juez no le dio la razón a unos inspectores de la Seguridad Social quienes habían denunciado a una mujer que encontraron sirviendo mesas con un delantal en un restaurante, sin estar dada del alta (noticia1noticia2). El resultado negativo era previsible, si contamos con que los inspectores de la Seguridad Social carecen de varios elementos fundamentales: nuestros conocimientos probáticos, nuestra técnica, habilidad y experiencia como detectives privados y nuestros medios técnicos.

En la actualidad, las agencias de detectives privados reciben numerosos encargos para probar la actividad laboral en economía sumergida de determinadas personas. Estos servicios,  los encargan los clientes principalmente para poder adjuntar nuestros informes en sus demandas y poder exigir así, con garantías de éxito, al sujeto pasivo de nuestra investigación que inicie o continúe el pago de una pensión compensatoria y/o alimenticia.

 A nuestros clientes, les sale bastante rentable contratar nuestros servicios. Sólo hay que ver la diferencia entre nuestros honorarios y lo que recuperan. Habría que preguntarle al Gobierno, por qué no contrata los servicios de las agencias de detectives privados. Debería considerar los 253.000 millones de razones para contratar nuestros servicios, que es la cantidad en euros defraudados por empresas y particulares.

¿O quizás están esperando a que las empresas de seguridad privada puedan desempeñar nuestros servicios, para adjudicarles a ellos esta labor? (los recientes cambios legislativos han sido sumamente favorables para ese colectivo, a pesar de que el Gobierno haya dado marcha atrás en sus pretensiones de concederles la investigación privada).

ACTUALIZACIÓN (30/01 | 17:34)

Acabo de recibir un artículo, publicado hoy en Cinco Días, cuyo titular dice así: “Llegan los GEO de la inspección laboral”. De la lectura de la noticia se puede extraer:

  • El Gobierno es consciente de la sangría que supone la economía sumergida.
  • El Gobierno quiere poner solución a este problema.
  • El Gobierno reconoce las carencias y la ineficiencia de los equipos y las medidas actuales.
  • El Gobierno piensa que, con unos cursos, sus funcionarios se convertirán en expertos, en “GEOS” -como dice el artículo-, y podrán solucionar el problema.
  • El Gobierno dice que este nuevo “cuerpo cualificado” no conllevará aumento del gasto.

En mi modesta opinión, se equivoca la Sra. ministra y considero que no es difícil prever el resultado de su medida: esos equipos se crearán, y desafortunadamente obtendrán los mismos resultados que los equipos actuales, sin olvidar que ese “plus” lo tendremos que costear todos los ciudadanos.

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